Ana Cristina García Luna
📰 El Norte • Ene 11, 2026
Al iniciar, cada año llega cargado de promesas simbólicas. En las ciudades, sin embargo, el cambio no ocurre al ritmo del calendario. Las urbes no se transforman con deseos ni discursos, sino con decisiones (o con su ausencia) que se acumulan durante décadas.
Como urbanista, empecé este año con una sensación ambivalente: agradecimiento por seguir habitando ciudades que aún sostienen la vida colectiva, y preocupación por constatar que muchas de ellas parecen diseñadas más para resistir que para ofrecer una vida digna.
La historia urbana es clara: las ciudades nacieron como pactos sociales. Desde las primeras concentraciones humanas hasta las metrópolis contemporáneas, la ciudad fue una respuesta colectiva a la necesidad de protección, intercambio, cultura y convivencia.
Pero también sabemos que cuando ese pacto se rompe, la ciudad se convierte en un espacio de exclusión, enfermedad y conflicto. Hoy atravesamos una nueva crisis silenciosa: la calidad de vida urbana.
Sería injusto, no obstante, quedarnos sólo en el diagnóstico crítico. También existen motivos para agradecer, incluso a escala local. En el Área Metropolitana de Monterrey, proyectos como la recuperación del Paseo Santa Lucía, los esfuerzos por reactivar el centro urbano y la implementación de iniciativas como los circuitos gratuitos de transporte público en San Pedro, evidencian intentos por mejorar la habitabilidad urbana.
Sin embargo, estos avances siguen siendo parciales y territorialmente concentrados, reflejo de una metrópoli fragmentada, donde las mejoras no siempre dialogan entre municipios ni construyen un sistema urbano integrado. Aun así, confirman que la ciudad no es un destino inevitable, sino un proyecto político y urbano que sigue en disputa.
Valorar el hecho de vivir en ciudades implica reconocer su potencial como espacios de diversidad y encuentro.
La ciudad es, por definición, el lugar del otro. Desde una perspectiva ideológica de ciudades humanas y para todas las personas, esta diversidad no es un problema a gestionar, sino un valor a proteger.
Una ciudad verdaderamente humana no sólo se debe medir por su crecimiento económico o su imagen internacional, sino por su capacidad de ofrecer oportunidades reales y condiciones de vida dignas a infancias, personas mayores, migrantes, trabajadores informales y personas con discapacidad.
Aquí emerge un concepto clave: la dignidad urbana. No basta con construir infraestructura si ésta no es accesible, segura y significativa para quienes la usan.
La dignidad urbana se expresa en el derecho a una vivienda adecuada, pero también en el derecho al tiempo, al descanso, al cuidado y al espacio público. Se manifiesta en la posibilidad de desplazarse sin agotamiento, respirar aire limpio, acceder a servicios básicos sin humillación y participar en las decisiones que afectan el propio entorno.
El 2026 nos encuentra en un punto de inflexión. El cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una condición presente que redefine la planificación urbana. Las ciudades concentran riesgos, pero también recursos y capacidades.
La pregunta central no es si las ciudades cambiarán, sino para quién lo harán. ¿Serán espacios cada vez más excluyentes o territorios resilientes y solidarios? ¿Apostarán por soluciones tecnológicas sin justicia social o por una transformación estructural basada en la equidad?
El futuro de las ciudades no se juega únicamente en megaproyectos o rankings internacionales, sino en decisiones cotidianas: cómo se diseña una vereda, dónde se ubica una escuela, qué usos se permiten en un barrio, quién participa en la planificación.
La escala cotidiana es profundamente política. Allí se define si una ciudad cuida o desgasta, si integra o expulsa.
Agradecer la ciudad implica reconocer a quienes la sostienen día a día: trabajadores, comunidades, técnicos y funcionarios que, muchas veces en condiciones adversas, mantienen su funcionamiento.
Pero la gratitud no puede convertirse en complacencia. La crítica es una forma de cuidado. Criticar la ciudad es negarse a aceptar como natural lo que es resultado de decisiones humanas.
Este 2026 debería ser una invitación a recuperar una pregunta esencial: ¿para qué y para quién construimos ciudad?
A las autoridades urbanas les corresponde asumir que planificar es gobernar el futuro, no sólo administrar el presente. A la ciudadanía, no renunciar a su derecho a la ciudad.
Si logramos volver a poner en el centro la vida, la dignidad y el habitar colectivo, entonces el año que comenzó no será sólo un cambio de fecha, sino una oportunidad real de transformación urbana.