El costo invisible de la indiferencia

En las ciudades modernas, la basura no es solamente la acumulación de plásticos, metales, papeles, desechos domésticos y escombro. Más persistente y dañina es esa que no percibimos con los ojos, pero que se instala cotidianamente en nuestro aire, agua y vida: la basura molecular. Las grandes urbes, como la Zona Metropolitana de Monterrey, han evolucionado en su infraestructura, oferta cultural, servicios de salud y mercado laboral, pero siguen hipotecando el bienestar de su ciudadanía en aras de un desarrollo mal planeado.

La contaminación atmosférica, esa forma insidiosa de basura molecular, representa un reto estructural agravado por la omnipresencia de fuentes fijas emisoras, es decir instalaciones industriales, de las cuales la refinería de Cadereyta se erige como la más evidente. También proviene de fuentes móviles como los 3 millones de vehículos privados y públicos que transitan a diario en la ciudad. Recientes estudios gubernamentales y académicos coinciden: la refinería es responsable de casi el 90% del dióxido de azufre (SO2) emitido por el sector industrial metropolitano y de aproximadamente el 20% de las partículas PM2.5 y PM10 totales. Las cifras no son menores: el aire de Monterrey se mantiene entre los más contaminados del país, un lastre documentado por centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y autoridades, quienes recomiendan la urgente reubicación o cierre de industrias pesadas e instalaciones de refinación y generación de energía altamente contaminantes. En particular aquellas que no estén dispuestas a invertir en tecnología para la reducción de emisiones. Las secuelas por la mala calidad del aire en la salud pública son conocidas. La inhalación crónica de partículas finas como las PM2.5 afecta a pulmones, corazón y cerebro, incrementando riesgos de salud en infancias y adultos mayores.

¿Es socialmente justificado mantener la operación de una refinería que, además de obsoleta y financieramente inviable, deteriora el ambiente y merma la salud pública? Pemex reporta pérdidas anuales cercanas a los 2 mil millones de pesos en Cadereyta. En el balance nacional, la refinación suma más de 71 mil millones en números rojos en un solo año. No hablamos solo de ambiente, estamos ante un barril sin fondo que consume recursos públicos provenientes de nuestros impuestos y deuda pública, y afecta el bienestar de la población.

El argumento de la autosuficiencia energética pierde sentido ante la poca atención a los retos operativos y tecnológicos del proceso de refinación en Cadereyta, que genera un exceso de combustóleo, un residuo contaminante cuyo mercado como fuente de energía ha desaparecido gradualmente. Este año la refinería de Cadereyta promedia una producción de 27 mil barriles diarios de combustóleo, casi un 20% de los 140 mil barriles de producción diaria de refinación de ésta.

México, reacio a cerrar sus refinerías más antiguas, ignora el precedente de los ejemplos en Estados Unidos, Europa y Asia, que en las últimas décadas han bajado la cortina de cuando menos 12 refinerías, ante la inviabilidad económica de éstas y las exigencias sociales por un aire más limpio en las localidades cercanas a ellas. El cierre de la refinería de Azcapotzalco, en 1991, es testimonio de los beneficios en calidad de vida y aire más respirable para la Ciudad de México —experiencia que la comunidad local celebró sin reservas en su momento.

Hoy, mantener la refinería de Cadereyta operando de esta manera es un acto de negligencia pública. No podemos seguir hipotecando el bienestar futuro de los regiomontanos en nombre de una soberanía energética anacrónica y costosa. Existen alternativas viables para reubicar, reconvertir o clausurar estas instalaciones, pero ello demanda voluntad política, transparencia y una coordinación y colaboración estrechas entre federación, estado, academia y sociedad civil.

Reubicar la refinería de Cadereyta, o modernizar sus procesos bajo los estándares más altos es posible y es una decisión ineludible y urgente. La salud pública y ambiental no son negociables ni diferibles. Cada día de inacción produce externalidades negativas que pagaremos todos con nuestra salud y una menor calidad y expectativa de vida.

Es tiempo de que Nuevo León lidere, con visión y valentía, el próximo capítulo de modernización energética en México. Sólo así resolveremos, en toda su dimensión, la deuda histórica que estamos acumulando para con las siguientes generaciones.