Soberanía hídrica

El abasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey es sin duda el mayor desafío ambiental y social que enfrentamos cada primavera y verano. Para abordar la seguridad hídrica de Monterrey -más allá de diagnósticos, buenos deseos y ajustes menores-, hay que entender primero que se trata de un reto sistémico, con implicaciones regionales, transfronterizas, intergubernamentales y transgeneracionales.

La disponibilidad de agua para todos en calidad y suficiencia no es cuestión de huracanes oportunos o fugas resueltas. El enfoque fragmentado sólo perpetúa el ciclo de la solución provisional y la improvisación.

La seguridad hídrica de nuestra zona metropolitana exige una gestión integral a partir de una visión de escala regional, con infraestructura de almacenamiento, tratamiento y distribución funcional y bien mantenida, acuerdos institucionales claros, gobernanza transparente y efectiva y una buena articulación entre sociedad civil, academia, comunidades rurales, empresariado y autoridades de los tres niveles.

Esta colaboración estrecha es una necesidad estructural. Si los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que nos brindan nuestros territorios y paisajes se administran aislados de las necesidades y capacidades del principal centro urbano del Estado, el sistema entero perderá resiliencia ante las cada vez más frecuentes crisis climáticas y tensiones geopolíticas.

En Monterrey, las cifras cuentan una historia inquietante. El constante crecimiento industrial y poblacional presiona las fuentes de este recurso. El "agua no contabilizada", más de una tercera parte del suministro, es el resultado de fugas y fallas en la medición del consumo. No sólo se agotan los acuíferos y presas; también la paciencia ciudadana, y los acuerdos de abastecimiento y gestión.

El Cuchillo, Cerro Prieto y la Marte R. Gómez cargan sobre sus embalses los escurrimientos de las preciadas lluvias de verano y otoño, invitando a una aritmética básica para determinar su equivalencia en días de abasto asegurado para los millones de personas que vivimos en esta Ciudad.

Esta certidumbre desaparece cuando nos damos cuenta de que las transferencias de agua a Estados Unidos, comprometidas en los acuerdos internacionales, no dejan mucho margen de maniobra. Es así como surge el fantasma del trasvase y el tira y afloja entre Federación y Estados entre lo que dictan los tratados con nuestro vecino del norte y lo que permiten los ciclos hidrológicos.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) está a cargo de las decisiones técnicas, la resolución de conflictos y controversias, y la operación de infraestructura hidráulica transfronteriza.

El Tratado de 1944 con Estados Unidos es la piedra angular de la gestión bi-nacional. Marca los ritmos y destinos del agua que fluye por los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. Establece las reglas, obligatorias para ambos países, para el uso del recurso hídrico binacional, ya que compartimos cuencas hídricas y acuíferos trans-fronterizos.

Para el caso particular de nuestra región noreste, la reciente firma, en noviembre de 2024, del Acta 331, permite al Gobierno federal usar aguas captadas en la cuenca del Río San Juan y almacenadas en la presa El Cuchillo, para cumplir con las obligaciones internacionales.

Dado que esta cuenca es estratégica para el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana de Monterrey, su inclusión para resolver compromisos internacionales compromete la resiliencia hídrica de la ZMM. El cumplimiento de nuestros acuerdos internacionales en materia de agua depende de la diplomacia, la precipitación, la captura de agua en los embalses y nuestros niveles de consumo.

Sólo un manejo integral del territorio y el recurso hídrico permitirá navegar entre la escasez y la sobreexplotación y entre los acuerdos internacionales y el derecho ciudadano al agua.

La complejidad de este reto socioambiental invita a considerar cuando menos tres acciones inaplazables.

La primera es promover una mesa regional de seguridad hídrica que integre actores estatales, federales e internacionales con representación académica y ciudadana. Traducir actas y tratados en proyectos concretos con seguimiento técnico y civil que resulten en soluciones medibles.

La segunda es generar un conocimiento profundo y detallado del ciclo hídrico que determina la disponibilidad de agua tanto superficial como subterránea para abastecer las necesidades de las principales ciudades del noreste. Entender la conformación geofísica de los acuíferos, sus zonas de recarga, sus flujos regionales.

La tercera es articular mecanismos robustos de autosuficiencia financiera para el manejo responsable de los territorios críticos para la resiliencia hídrica de la región, combinando su gestión con otros instrumentos de política pública como áreas protegidas federales y estatales.

La seguridad hídrica es una tarea continua, replanteamiento constante, monitoreo y ajustes. Sólo desde el ejercicio compartido y colaborativo se puede aspirar a que, cuando toque abrir la llave, fluyan vida, certezas y soluciones para todos los regiomontanos y alcancemos una verdadera soberanía hídrica.