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Terrenos verdes en venta

Ana Cristina García Luna

Ana Cristina García Luna

📰 El NorteJun 06, 2025

Terrenos verdes en venta

La reciente intención del municipio de Santa Catarina de comercializar con terrenos clasificados como áreas de cesión municipal, entre las que hay áreas verdes, ha encendido una alarma que trasciende lo municipal con afectaciones en lo metropolitano.

Las áreas de cesión municipal tienen por objetivo ofrecer zonas verdes, parques, equipamiento público o vías para uso de bien público.

En sentido estricto, la decisión municipal es legal, pero profundamente contradictoria con la agenda de sostenibilidad, justicia espacial y resiliencia urbana que tanto se promueve en el discurso público.

Este caso amerita una reflexión crítica no sólo sobre el hecho en sí, sino sobre el marco institucional que lo permite.

La ley, en su forma vigente, autoriza la venta de predios municipales bajo ciertas condiciones. Este acto administrativo, revestido de legalidad, abre una pregunta urgente: ¿lo legal es siempre lo legítimo?

¿Una ley que facilita la desaparición progresiva de las áreas verdes en una metrópoli marcada por la desigualdad ambiental, las islas de calor, la creciente contaminación y la vulnerabilidad hídrica, no debe ser revisada a fondo?

El urbanismo, cuando se entiende en su dimensión más amplia (social, ecológica y cultural), nos invita a pensar el territorio no como una suma de parcelas disponibles para transacción, sino como un entramado de sistemas vitales que sostienen el habitar colectivo.

En ese sentido, las áreas verdes urbanas no son simples vacíos residuales ni activos monetizables, sino infraestructuras esenciales para la vida.

Son espacios de equilibrio térmico, de captación de agua, de resguardo de biodiversidad, de salud comunitaria. En pocas palabras: son pulmones y refugios de una Ciudad cada vez más sometida al estrés climático.

El caso de Santa Catarina no es una excepción, sino una muestra más de cómo los vacíos y ambigüedades legales pueden ser aprovechados para privatizar lo público, para redefinir lo común como mercancía.

No se trata aquí de señalar culpables individuales, sino de identificar una lógica sistémica que sigue favoreciendo el crecimiento urbano a costa del bienestar urbano y social.

¿Qué visión de ciudad subyace en estas decisiones? Una que prioriza la rentabilidad inmediata, sacrificando los beneficios ecosistémicos de largo plazo. Una que sigue tratando el suelo como un recurso inagotable, ignorando los límites ecológicos. Una que, en el fondo, desarticula cualquier intento de construir una metrópoli verdaderamente resiliente y equitativa.

Si la ley permite esto, es tiempo de actualizarla de acuerdo con las necesidades de la metrópoli.

La planeación urbana contemporánea exige marcos normativos que protejan activamente las áreas verdes, por todos los servicios ambientales que nos proveen, y no que sean espacios para la especulación.

Requiere procesos participativos vinculantes, criterios de soluciones basadas en la naturaleza y sociales para el manejo del suelo, y sobre todo, un cambio de paradigma: dejar de ver a la Ciudad como un negocio y empezar a tratarla como un ecosistema complejo que merece equilibrios y cuidados.

El derecho a la ciudad, que implica acceso equitativo a los servicios, al espacio público y a un entorno saludable, no puede sostenerse si vendemos lo poco que nos puede brindar en cuanto a oportunidades de mitigar los efectos del cambio climático causados por la excesiva urbanización. ¿Qué mensaje damos a las generaciones futuras cuando les arrebatamos sombra, suelo fértil y espacios de encuentro?

Santa Catarina hoy nos ofrece una oportunidad para reflexionar colectivamente: no sólo sobre la importancia de las áreas verdes, sino sobre la necesidad de una legislación urbana y ambiental que esté a la altura de la crisis climática y de los desafíos metropolitanos del siglo 21.

No se trata sólo de frenar una venta, sino de activar una conciencia. Porque en cada terreno verde que desaparece, también se desvanece más la posibilidad de una ciudad justa, viva y verdaderamente habitable.

Colaboró León G. Staines-Díaz, investigador afiliado al ITESM Monterrey.

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